Según informa el diario Público el editor de "El Mundo-El correo de Burgos" ha perdido la demanda contra su honor.
Con una sentencia ácida que se inscribe en la tradición jurídica de defensa de la libertad de información y expresión, una juez de Ponferrada (León) ha tumbado la demanda con la que el empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, pretendía castigar las críticas de un edil del PSOE a su gestión del servicio local de transporte urbano.
Presentada antes de saber que el juez Garzón había reunido indicios suficientes para imputarlo por soborno, la demanda de Ulibarri pedía a la juez que condenase al edil Javier Campos de la Fuente a indemnizarlo con 120.000 euros. El empresario alegó que el concejal le había infligido un “daño moral” al afirmar, por ejemplo, que era el “músculo financiero” del ayuntamiento o que su empresa se había beneficiado de contratos declarados ilícitos.
Con ironía, la juez se pregunta por qué se siente ofendido Ulibarri por la definición de “músculo financiero” si, como alegó en el procedimiento, “no sabe realmente” qué quería decir con ello el concejal. “Lo cierto –dice la sentencia– es que muchas de las inversiones realizadas por el ayuntamiento se han concedido a su grupo”.
La juez entiende que, al hablar de contratos ilícitos, el concejal dijo simplemente la verdad: los tribunales, recuerda el fallo, declararon ilegales algunos contratos. Ulibarri tendrá que pagar las costas del juicio.
Con una sentencia ácida que se inscribe en la tradición jurídica de defensa de la libertad de información y expresión, una juez de Ponferrada (León) ha tumbado la demanda con la que el empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, pretendía castigar las críticas de un edil del PSOE a su gestión del servicio local de transporte urbano.
Presentada antes de saber que el juez Garzón había reunido indicios suficientes para imputarlo por soborno, la demanda de Ulibarri pedía a la juez que condenase al edil Javier Campos de la Fuente a indemnizarlo con 120.000 euros. El empresario alegó que el concejal le había infligido un “daño moral” al afirmar, por ejemplo, que era el “músculo financiero” del ayuntamiento o que su empresa se había beneficiado de contratos declarados ilícitos.
Con ironía, la juez se pregunta por qué se siente ofendido Ulibarri por la definición de “músculo financiero” si, como alegó en el procedimiento, “no sabe realmente” qué quería decir con ello el concejal. “Lo cierto –dice la sentencia– es que muchas de las inversiones realizadas por el ayuntamiento se han concedido a su grupo”.
La juez entiende que, al hablar de contratos ilícitos, el concejal dijo simplemente la verdad: los tribunales, recuerda el fallo, declararon ilegales algunos contratos. Ulibarri tendrá que pagar las costas del juicio.
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